La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pidió al gobierno mexicano y a los senadores de Morena, catalogar la venta de videojuegos violentos a menores como un delito.
De acuerdo con la funcionaria, es necesario hacer un ajuste en el actual marco legal, con el fin de ‘proteger la seguridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes’.
Uno de los principales argumentos de parte del gobierno mexicano es que, supuestamente, el crimen organizado usa a los videojuegos para reclutar adolescentes, aunque existen pocos casos documentados sobre ello.
Esta iniciativa se une a la larga lista de acusaciones que, desde el gobierno de México, se han hecho en contra de los videojuegos desde hace varios meses.
El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha arremetido en contra de la industria gamer en varias ocasiones, catalogando los productos como violentos e individualistas, principalmente los battle royale.
Lo preocupante de la situación es que estas propuestas parecen hacerse desde el desconocimiento de la oferta de productos, sobre todo porque jamás se menciona a qué público van dirigidos.
El gobierno mexicano lanzó su propia clasificación
Una de las primeras acciones fue implementar un propio sistema para catalogar el rango de edad adecuado para los videojuegos, incluso cuando estos ya incluyen una propia avalada internacionalmente.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía debe revisar a conciencia cada proyecto para determinar a qué rango de edad pertenece; no obstante, sus juicios no incluyen algo especial respecto a los internacionales.
Lo preocupante de estas acciones, es que se está satanizando a los videojuegos con una campaña de miedo, en lugar de priorizar una educación a los padres, quienes suelen adquirir los títulos para sus hijos.
Esta campaña de desprestigio debería replantearse con el apoyo de expertos en la materia, con el fin de crear estrategias integrales de información.
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